¿CARRUSEL A MEDIA MARCHA?
Por Cristina de la Torre
El Alcalde de Teusaquillo, Juan Carlos Almonacid, pide rectificar información registrada en mi columna anterior según la cual el 97.7% de la contratación en esa localidad es directa. Vale decir, no procede por licitación y convierte en norma lo que sólo se autoriza por excepción. El remitente estima que esta información es “errónea e imprecisa, no cita ninguna fuente oficial y no corresponde a la realidad de la ejecución contractual de la administración a mi cargo”. Ni errónea, ni imprecisa ni ficticia. El malentendido obedece, sin embargo, a una omisión de mi parte –que lamento: el dato de marras corresponde a la contratación de 2009 (que el señor Alcalde se cuida de eludir, no obstante oficiar en el cargo desde 2008) y no a la de 2010 que él ofrece como materia de “rectificación”: ventila cifras de 2010 para desvirtuar las del año anterior. También le ofrezco excusas por no haber citado la fuente oficial, que paso a glosar.
En su página 96, el Informe de Auditoría Gubernamental de la Contraloría de Bogotá sobre el Fondo de Desarrollo Local de Teusaquillo, vigencia 2009, expedido en mayo de 2010, reza: el Fondo “utilizó como mecanismo principal de contratación para la ejecución del Plan de Desarrollo Local, la contratación directa y la establecida a través del decreto 777 de 1992 comprometiendo recursos por valor de $ 13.177.4 millones, lo que representa un 97.7% de lo ejecutado (…) aspecto que la misma ley ha catalogado como mecanismos excepcionales y que el Consejo de Estado en reiteradas jurisprudencias lo ha confirmado”. Y en la página 141concluye: “En cuanto a la tendencia de la contratación, a pesar de que (…) la regla general en la administración pública es que para preservar el principio de transparencia la contratación estatal debe ejecutarse mediante procesos licitatorios y que como consecuencia la contratación directa es una excepcionalidad a la cual apela el ordenador del gasto (…), para la vigencia 2009 el monto total de recursos contratados por vía directa en sus diferentes modalidades llegó al 97.7% del total de lo contratado (…), con lo cual principios contractuales como la selección objetiva del contratista se vuelven puramente retóricos y se pone en peligro la obtención del objetivo de una gestión pública efectiva y transparente”. Ignoramos si el señor Almonacid habrá objetado este informe, que parece traducir la realidad de la ejecución contractual en su administración durante el año 2009.
De la misiva del señor Alcalde se desprende que en 2010 la contratación directa de esa localidad se redujo al 41%. Enhorabuena. Aunque resulta todavía excesiva como para considerarla excepcional. A tal proporción ascienden los 22 convenios suscritos en esa modalidad, previa exclusión de los 72 que son enganche de personal. Llaman la atención las 77 adiciones a contratos de 2009, que doblan el valor de las anteriores: en cifras del Alcalde, éstas saltaron de 15.6% a 35.5%. Prórrogas que, cuando menos, sugieren ineficiencia contractual. Y abren el margen de sospecha que acompaña al abuso de este mecanismo, reputado como vital en la corrupción abrazadora de la contratación pública.
Mucho indica que las Alcaldías locales de Bogotá no escapan a esas prácticas. La inversión se resuelve allí casi siempre en la informalidad de contratos amañados entre amigos, sin licitación, sin controles ni respeto por las reglas de contratación pública que la ley prescribe. Al punto que se percibe una descentralización del carrusel de la contratación que ha carcomido la administración central de la ciudad. Si en 2010 la contratación directa en Teusaquillo se redujo a la mitad, serán la gente y los organismos de control quienes señalen si el carrusel anda ya a media marcha, o si se las ingenia para seguir –por los atajos- a todo vapor.