INDIOS, DROGA Y PAZ
Cristina de la Torre
No es utopía. Ni es rumor. En primicia de El Espectador (7-29), Maria del Rosario Arrázola revela pasos que el Gobierno da en silencio para aproximar la paz con las guerrillas. No hay agenda todavía, dice, pero sí avances concretos y una perspectiva definida para conversar, negociar y buscar salidas políticas al conflicto. A la liberación de sus últimos militares plagiados y la promesa de las Farc de cesar el secuestro político le siguió el Marco Legal para la Paz, que introduciría normas de justicia transicional en un eventual proceso de paz. Ahora se habría iniciado otra fase en cabeza de Sergio Jaramillo, alto consejero del Gobierno, y el ministro de Ambiente, Frank Pearl. Apuntan ellos a la reconciliación. Otros medios especulan sobre reuniones suyas en Cuba con emisarios de las guerrillas. De otro lado, aporta su experiencia al alto Gobierno el exguerrillero del Farabundo Martí y negociador de la paz en El Salvador, Joaquín Villalobos. En una tal disposición de ánimo, el polvorín del Cauca -a punto de replicarse en otras regiones- bien podría convertirse en laboratorio de paz. La epifanía. Paz anhelada pero diríase incierta, si no aborda un factor determinante en la guerra: el narcotráfico. En el Cauca, éste ha potenciado hasta el paroxismo todos los factores de la guerra. Porque la financia. Y porque enriquece a los amantes del conflicto en medida igual que atenaza entre dos fuegos a los pueblos indígenas, mientras el Estado ignora sus derechos, los excluye y condena a la miseria.
En este departamento las Farc moran desde hace 40 años. Y han derivado en señalado protagonista del narcotráfico. La batalla militar por rearticular su Bloque Central en la intersección de Cauca, Huila y Tolima busca controlar los cultivos ilícitos, laboratorios y corredores de comercialización de la droga hacia el Pacífico. Aunque las Farc reclutan niños indígenas y compran la colaboración de jóvenes milicianos, las comunidades les ponen el pecho y decidieron expulsarlas de sus territorios. En resolución 002 de 2009, el cabildo de Jambaló instó a los dueños de laboratorios a desalojar sus predios, antes de que la guardia indígena lo hiciera por sus propios medios. Así ha procedido en más de una ocasión con la droga, y también con armas y pertrechos de la guerrilla. Los nasa andan en guerra de resistencia pacífica contra la guerra y la droga que la financia. Las Farc han empezado a asesinar a sus dirigentes.
A falta de alternativas económicas, muchos nativos malviven de coca y amapola, como si de cultivos de pancoger se tratara. De allí no extraen ni un salario mínimo. Venden a huevo la cosecha y reservan hoja para mambear, no para producir clorhidrato de cocaína. Envalentonados, guerrilla y ejército y bacrim se pavonean como fuerzas de ocupación que se disputan a muerte el control del territorio, la geografía del narcotráfico. Sin contemplaciones con la población civil, víctima de una guerra ajena. Dizque el ejército y la policía garantizan allá seguridad. Símbolo vacío, pues ni derrotan a la guerrilla ni persiguen el narcotráfico. Para Feliciano Valencia, líder nasa, si el Estado quisiera erradicar la guerrilla y el narcotráfico, le bastaría controlar las rutas por donde suben los precursores químicos y sacan la droga. Ofrece los territorios indígenas y sus comunidades como mediadores en un proceso de paz: “para ponerle fin a esta guerra se requiere que se sienten a dialogar Gobierno, guerrilla e indígenas”. Si se aspira a una paz duradera, a la redención social y económica de los indígenas ha de sumarse la erradicación del narcotráfico. Y que el presidente Santos persevere en su propuesta de despenalizar la droga.