Los silencios estratégicos de Uribe
Se cuida el expresidente de poner blanco sobre negro el sustrato verdadero de su cruzada contra el acuerdo de paz: la desaparición de las Farc como grupo armado, y cambios en el campo que lesionarían la contrarreforma agraria protagonizada por la ultraderecha violenta que se reputó uribista. Razones poderosas que cree ocultar propalando barrabasadas para meter miedo en la galería; como la ficción aquella de un pacto secreto entre el presidente Santos y Timochenko dizque para instaurar en Colombia el castro-chavismo. Y es que la conversión de esa guerrilla en partido legal deja a Uribe sin discurso, pues es en la guerra, y solo en la guerra, como valida él su liderazgo. En ella medran sus huestes del viejo y el nuevo poder en el campo, y solo con ella justificaría el retorno al Estado policivo de su seguridad democrática. Si a la aprobación del Congreso y de la Corte Constitucional se sumara la refrendación popular de los acuerdos, no le quedaría al expresidente sino la opción que una democracia remozada para el posconflicto les ofrecerá a todos: disputarse en franca lid, sin armas, el favor de la ciudadanía, depurando propuestas de cambio o de sujeción al pasado. Salto olímpico hacia la cualificación de la política.
Que el uribismo optaría por la segunda alternativa lo sugiere la ruda experiencia vivida. Su más reciente confirmación, la pública defensa de los usurpadores de tierras que en el santuario del paramilitarismo y en presencia de Tuto Castro, comandante del Bloque Norte de las AUC, protagonizaron en abril dos notables del uribismo: Alejandro Ordóñez y José Félix Lafaurie. Y María Fernanda Cabal, congresista del CD, promueve norma para desmontar la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, mientras ejércitos antirrestitución asesinan a líderes de sus dueños legítimos. Por su parte, el Acuerdo Rural de La Habana apunta a modernizar el campo, a ordenar el territorio y el uso de la tierra, a impulsar la economía campesina, a formalizar la propiedad de los predios, a actualizar el catastro para cobrar impuestos en justicia y promover así el uso productivo de la tierra. Cambios sustantivos, pero ceñidos a la Constitución y a la ley. Lo que no impedirá que después el partido de las Farc pueda luchar, verbigracia, por la expropiación del latifundio improductivo. Bandera clásica del socialismo -y del progresismo liberal de los dos Lleras en los años 60- que debería poder agitarse si un partido legal la enarbola. Así como el uribismo la suya por perpetuar el estado de cosas rural. Y el santismo la propia, de avasallar con Zidres a la economía campesina.
Mas no se agota en ello la plataforma del uribismo. Derecha redomada, si recupera el poder querrá sin duda rescatar el régimen de fuerza que instauró a su paso por la Casa de Nariño. Para no mencionar los 3.900 falsos positivos, la conversión del DAS en policía política contra la oposición y contra el órgano supremo de Justicia que investigaba a la bancada de parapolíticos del Presidente y cuestionaba la legalidad de su reelección, emparentó a Colombia con las dictaduras. Acaba de pedir la Fiscalía pena máxima para Jorge Noguera, primer director del DAS en el uribato, que puso la entidad al servicio del paramilitarismo. Había sido jefe de campaña del entonces candidato Uribe en el departamento del Magdalena. Hoy paga cárcel por asesinato.
Declaró el senador Uribe hace tres días en España que Colombia había caído en manos del comunismo; que su situación “es peor que la de Venezuela”. Desespera ante la paz esta alma gemela del mismísimo Chávez; y porfía en la estrategia de camuflar con infundios y demagogia el calado autoritario de su proyecto político.